| Prevenir y atender las causas de flujos migratorios irregulares hondureños con políticas nacionales explícitas que, incluyendo la creación y entrada en vigencia de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas forzadamente, cuenten con estrategias, medios y recursos presupuestarios suficientes y efectivos, con veeduría social y supervisión del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), para asegurar la atención y superación eficaz y progresiva de las causas estructurales de los desplazamientos forzados y la migración irregular en Honduras.
En esa dirección, como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reitero igualmente, al Estado, mis recomendaciones del 2014 al actual 2019, en particular las de adoptar políticas, estrategias y medidas nacionales de seguridad humana, en los municipios que favorezcan, el arraigo y bienestar de sus habitantes, y hacerla socialmente productivas, mediante la implementación, transparente y verificable, de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana y el Desarrollo Local Sostenible que complemente la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo e incluya una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable.
Para ejecutar ese Plan Nacional de Apoyo Subsidiario al Desarrollo Local Sostenible, recomiendo, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, orientar más los recursos del Presupuesto General de la República a la inversión social en todos los municipios de Honduras, en particular en salud, educación, trabajo, vivienda y en todos aquellos sectores que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes (con atención especial a los grupos más necesitados, pobres y vulnerables de la población), y a promover también el crecimiento económico inclusivo y con equidad, a nivel municipal. De manera complementaria aplicar los recursos económicos y capacidades previstas para el Plan de la Alianza para la prosperidad de los países del Triángulo Norte, la cooperación para la implementación en Honduras de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y los del Plan Integral de Desarrollo El Salvador - Guatemala - Honduras y México, y otra cooperación al respecto de otros Estados u organizaciones.
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